2 regidores acusan de delitos a alcaldía ¡Ojo la reacción del Concejo!

[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=»slideInRight»]Por Carlos Vindas Rojas[/vc_column_text][vc_column_text] Influencia en contra de la Hacienda Pública, fraude de ley en función administrativa, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, son los presuntos delitos que los regidores Carolina Monge y Héctor Zumbado le adjudican a funcionarios municipales. Así lo hicieron constar en una moción que buscaba la denuncia por parte del asesor legal en razón de los presuntos delitos a la función pública en los trámites para la construcción del condominio M.O. Living.

De acuerdo con la moción presentada ante el Concejo Municipal, en 2016 la oficina de Usos de Suelo de la Muni emitió un certificado de compatibilidad solicitado por el Grupo Empresarial Casas Vita S.A. para la construcción de un condominio en un área de poco más de trece mil metros cuadrados (13.242,91m²). Sin embargo, el Reglamento de Construcciones establece como área máxima permitida 6.000m² para condominio. El Concejo señaló a la Alcaldía esta contradicción a la normativa tras aprobar el dictamen que realizó la Comisión Especial Estratégica Territorial (CEET) en octubre 2019, según explica la moción.

El 30 de enero de 2020, Wendy Segura, encargada de Usos de Suelo, envió por correo electrónico el certificado declarado no compatible a raíz de la instrucción del alcalde Soler en conformidad con lo establecido por el Concejo, el Plan Regulador y la normativa. No obstante, el 14 de febrero de 2020, Soler ordenó “actualizar fecha y firma del certificado y emitir el permiso de construcción para el condominio” a Segura, al exdirector de planificación urbana, Gilio Francesa, y al jefe de control urbano, Allen Fernández.

De acuerdo con la moción, Soler indicó que giró la orden del permiso de construcción a pesar de no ser compatible porque goza independencia y autonomía inherentes a su cargo, y debe ejercer funciones de vigilancia, funcionamiento y coordinación de la organización.

Sergio Spera, actual director de Planificación Urbana, dijo que el certificado no compatible emitido el 30 de enero de 2020 no fue considerado para emitir el permiso de construcción, porque se desestimó por contradicción con el certificado de uso de suelo emitido en 2016 que otorgaba la compatibilidad.

En abril de 2020, la solicitud de licencia constructiva por 7.049m² se realizó y finalmente la Muni emitió el permiso de construcción a nombre de Inversiones Alcalá S.A por el pago de treinta y un millones de colones.

Para los regidores Monge y Zumbado, existen presuntos incumplimientos a la normativa ambiental y del Plan Regulador en el trámite del Condominio M.O. Living, ya que el área del terreno “evidentemente supera el máximo permitido, inclusive el área de construcción de la obra lo supera”.

Sin embargo, el regidor Andrés Guzmán señala que Monge estuvo presente en una reunión de la CEET, donde los planos indican que eran 7000 m² debido a que es un condominio de 2 plantas, pero que el área de cobertura es realmente de 2.611m². Por tanto, no existiría un incumplimiento al área máxima establecida en la normativa.

“Yo he votado contra condominios, universidades y todo, pero aquí hay una viabilidad ambiental que se le dio a un condominio y se ponen como los justicieros, pero se quedan callados en las invasiones a ríos y áreas con nacientes de agua… la doble moral no va”, dijo Guzmán.

Los regidores que presentaron la moción también argumentan incumplimiento de los artículos 82 y 90 del Reglamento de Construcciones porque no consta área de cesión al uso público en planos constructivos, ni existe resguardo de la masa arbórea según la oficina de Gestión Ambiental de la Muni.

“En criterio de este Concejo Municipal y la administración no se han cometido tales violaciones a dichos artículos, más bien respaldamos la interpretación correcta que se hizo de esos artículos por parte de la administración y así lo ha respaldado la CEET para corregir un error histórico que se venía arrastrando desde hace muchísimos años”, comentó el regidor Jorge Mora.

Geovanni Varela, asesor legal, indicó que la ley no le faculta como representante legal de los miembros del Concejo, entonces para presentar la demanda ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del I Circuito Judicial de San José, tendría que tener tanto él como los miembros del Concejo la convicción de la presunta existencia del delito. Sin embargo, Varela afirma que ordenar esto es absolutamente ilegal.

“No es mi participación como asesor legal la condición de representarlos ni constituirme en denunciante ante los Tribunales de la República de cualquier acto que acontezca en el Concejo Municipal”, aclaró el asesor.

La moción fue rechazada al contar con cinco votos en contra de los regidores Daniel Rojas, Marta Corrales, Jorge Mora, Gabriela Bolaños y Andrés Guzmán; y 2 a favor de Carolina Monge y Héctor Zumbado.

“Esto nace de una interpretación diferente que usted (Carolina Monge) tiene del plan regulador, pero eso no le da cabida para acusar, insinuar y decir que estamos cometiendo faltas de probidad. Entonces yo le insto que ponga la denuncia, usted no necesita la aprobación del Concejo, ¿por qué lo trae acá si sabe muy bien cuál es el criterio que tenemos del plan regulador? ¿hacer un show? Eso no es necesario”, concluyó la regidora Marta Corrales. Ni la regidora Monge ni el regidor  Zumbado respondieron al comentario.

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