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Asaltos en Montes de Oca pasaron de 300 a 600. Videovigilancia (y otras promesas) de cero a nada (2016-2018)

Por Ernesto Núñez Chacón

En 2016, Donald Trump ganó la presidencia, Leonardo DiCaprio el Oscar (al fin), y la coalición Gente ganó la Alcaldía -y varias regidurías- en Montes de Oca tras prometer videovigilancia para la comunidad. Desde entonces, los asaltos en el cantón aumentaron un 56% pero sigue habiendo cero videovigilancia, así como otras promesas de seguridad no se concretan todavía como la creación de una Política de Seguridad Comunitaria.

Montes de Oca es hogar de más de 61 mil vecinos y cuenta con 3 patrullas en San Pedro y una sola para cubrir Mercedes, Sabanilla y San Rafael. Según el último Índice de Competitividad Cantonal, cuando la actual administración asumió la alcaldía Montes de Oca era el segundo cantón con la mayor tasa de robos y asaltos. Osmán Chacón, jefe de la delegación cantonal de la Fuerza Pública, reconoce que todavía están en el top 3.

La primera propuesta de videovigilancia de parte de la Alcaldía fue en 2017. Consistía en un contrato con RACSA por 58 cámaras que se envió a ser dictaminado por el Concejo Municipal el 24 de noviembre de 2017.

Durante los próximos 365 días pasaron muchas cosas. Pantera Negra dominó las salas de cine, Aretha Franklin murió, Fabricio Alvarado ganó la primera ronda electoral, luego perdió la segunda, pero a noviembre de 2018 el Concejo Municipal no había dictaminado la propuesta de la Alcaldía. Por esa razón, el alcalde presentó una moción solicitando 15 días hábiles para que la comisión a cargo dictaminara.

Llegó 2019, y a días de que denuncias de acoso sexual le llovieran a Oscar Arias al punto tal de que cedió su pasaporte a las autoridades, el 29 de enero la Comisión de Gobierno envió su dictamen al Concejo Municipal, donde se acordó rechazar la propuesta del alcalde y devolvérsela para que le hiciera correcciones. Menos de 15 días después el alcalde sacó de trámite la propuesta para elaborar una completamente nueva.

El regidor Mario Ruiz, quien era parte de la Comisión de Gobierno cuando recibió la propuesta, explicó que los atrasos suelen ser por la carga de trabajo en la comisión y por solicitudes de información que se hacen. “Para mí ningún plazo de un año para resolver es razonable… digo las posibles causas porque no las tengo claras para ese proyecto en específico”, reconoció Ruiz, quien dejó de ser miembro de la Comisión de Gobierno a partir de 2018.

“El tema de los costos pudo generar atrasos. Eso era lo que más se venía analizando y de lo que más se venía pidiendo información y fue una de las principales razones por las que se descartó. Generaba demasiados costos a la Municipalidad y se necesitaba un estudio de factibilidad que determinara que era posible financiarlo. No se podía aprobar si no se podía financiar”

“Si bien es un proyecto con bastante clamor popular. Lo cierto es que la videovigilancia no es un elemento fundamental para resolver el problema de inseguridad. Tiene que resolverse con coordinación institucional, organización comunitaria, etc. Pero la videovigilancia por si sola no va a solventar”

Según un estudio publicado este año por la Universidad de Cambridge donde analizaron 40 años de sistemas de videovigilancia, la eficacia de las cámaras para combatir la inseguridad está asociada a otras medidas como monitoreo activo (que alguien esté echándole un ojo a las cámaras permanentemente), organización comunitaria, entre otros. Sin embargo, para vecinos como Carmen Zeledón, de Calle Quirós, la videovigilancia y la Política de Seguridad Comunitaria es “urgente”. 

Históricamente los asaltos no han parado de aumentar en el cantón. Pasaron de 374 en 2015 a 583 en 2018 según OIJ.

“Hemos esperado por años que instalen las cámaras. Recuerdo cuando una vez el Alcalde me dijo que el Concejo Municipal había rechazado el contrato porque iba en colones y tenía que ser en dólares”, dijo doña Carmen. “Luego que habían pospuesto la instalación (la alcaldía), luego que ya sale la licitación de 101 cámaras (eso me lo dijo el vice alcalde en reunión que tuve con él el 1 de agosto)”.

En efecto una de las correcciones por las que el Concejo Municipal devolvió el proyecto de 58 cámaras de videovigilancia con RACSA fue la moneda en la que fue cotizado. Asimismo, el nuevo proyecto que está en curso consiste en una licitación por 101 cámaras de videovigilancia. Ya el Concejo Municipal aprobó el presupuesto y depende de la alcaldía sacar el cartel para buscar al proveedor.

¿Por qué promesas de seguridad no suceden 3 años después de las últimas elecciones municipales?

“Lamentablemente hay una deuda y creo que hay que reconocerlo independientemente de quiénes sean los responsables. Hay una deuda de parte de la Municipalidad en atender de forma adecuada esta problemática”, expresó el regidor Ruiz.

Para él los retrasos en cumplir con las promesas de seguridad se deben a muchos factores. “No nos hemos logrado poner de acuerdo en cómo debería intervenir la municipalidad para resolver esto. Tampoco ha existido la voluntad política para atenderlo”, aseguró el regidor. “Siempre se va a oír en las campañas políticas, pero a la hora de estar en la gestión público nadie, hasta donde he visto, se interesa en resolverlo”.

“No ha habido una coordinación interinstitucional adecuada desde la administración. No ha habido un fomento real para abrir espacios de organización y capacitación comunitaria en coordinación con la Fuerza Pública. No ha habido una gestión importante para resolver asuntos como la activación de los espacios públicos: actividades, iluminación, equipamiento… Más bien ha habido una noción segregadora de separarlos de la gente”, acusó Ruiz.


Se intentó conocer la perspectiva del alcalde sobre este tema, pero a casi un mes de nuestra primera solicitud de entrevista, y una cancelación de su parte esta semana, Soler no ha dado la audiencia.

Las 58 cámaras del proyecto de videovigilancia con RACSA eran todas para San Pedro, según el contrato suministrado por la oficina de Comunicación a Los Guachis de Montes de Oca. Cuando entrevistamos a la ahora exvicealcaldesa Diana Posada un día antes de ser juramentada como viceministra, ella indicó que esa distribución respondía a las zonas rojas de mapas de calor desarrollada en conjunto con el Ministerio de Seguridad.

Respecto a los atrasos, Posada señaló que “A veces esas cosas suceden” a causa los trámites que requiere la contratación administrativa. “Es una herramienta muy tiesa”, dijo. En cuanto a la Política de Seguridad Comunitaria, la exvicealcaldesa explicó que se avanzó en su elaboración pero otros elementos que se querían incluir en ella todavía están en proceso y por eso aun no sale.

Según el regidor Ruiz, el Código MunicipaL también obliga a establece una Comisión Permanente en materia de de seguridad que aun no se crea. “No solo es la administración, también hay que reconocer que el Concejo Municipal tampoco ha actuado adecuadamente… parte de la gestión pública pasa por ser autocríticos… Yo lo recordé pero no solo es recordarlo”, reconoció.

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