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Alcaldía monteoqueña pagó estas dietas pese a prohibición de Contraloría

Por Tatiana Soto Morales

A inicios de 2019, la Contraloría General de la República (CGR) respondió al alcalde que no podía pagar dietas por más de una sesión ordinaria semanal del Concejo Municipal. Sin embargo, la alcaldía no sólo informó a los regidores hasta diciembre sobre la prohibición señalada por Contraloría, sino que en abril realizó este tipo de pagos “por un error material del departamento de recursos humanos”

 

Las dietas son el pago por sesión que reciben los miembros del Concejo Municipal, el cual en principio semanalmente sólo celebra una sesión ordinaria. Sin embargo, en ocasiones se han celebrado 2 en la misma semana con el fin de adelantar sesiones que choquen con fechas festivas por ejemplo.

El Concejo Municipal arrancó este año preocupado por la suspensión del pago de dietas por más de una sesión ordinaria por semana, y regidores como Mario Ruiz cuestionaron por qué realizó ese tipo de pagos en abril a sabiendas del criterio de Contraloría, y por qué tardó 11 meses en informar ese criterio a los regidores.

Antecedentes: En 2018, alcalde propuso que regidores devolvieran dietas 

En junio 2018, basándose en que la Procuraduría General de la República (PGR) había respondido a la Muni de Tibás una consulta sobre lo que procedía en casos de dietas pagadas de más, el alcalde propuso que los regidores devolvieran el pago por sesiones ordinarias adicionales en una misma semana que se les había hecho en el pasado. Sin embargo, el asesor legal del Concejo Municipal, Giovanni Varela, recomendó en un informe rechazar la solicitud del alcalde porque según él los criterios de la PGR para casos de otras munis no eran vinculantes. Los regidores aprobaron su recomendación.

Con dudas sobre la decisión tomada, según dijo Soler al Concejo, en diciembre del 2018 envía una consulta a la PGR y la CGR. Aclara que mientras se esperaba respuesta  entre finales 2018 e inicios 2019, no se procedió al pago de dietas de sesiones ordinarias adicionales por semana.

Para enero 2019, Soler ya conocía la posición de dichos entes que contradecían la recomendación que el asesor legal del Concejo había manifestado sobre el tema. Según la CGR y PGR, no se puede pagar dietas para más de una sesión ordinaria por semana, y nada impedía que Montes de Oca actuara conforme a resoluciones previas de estos órganos ante consultas de otras munis.

 

¿Por qué el alcalde pagó estas dietas pese a prohibición de Contraloría?

 Ruiz reclama que el Concejo Municipal nunca supo de las consultas que ejerció el alcalde ante CGR y PGR en enero 2019, hasta que se les informó 11 meses después en diciembre que no se podía pagar dietas por más de una sesión ordinaria por semana. Sin embargo, en abril se les había pagado este tipo de dietas.

“A sabiendas desde entonces, gestionó esos pagos de manera ilegal con total conocimiento. Con total alevosía saca eso y dice ‘ahora en diciembre no voy a pagar las dietas’ y se sienta en la mesa con esa postura y pasa todo este embrollo que pudo haberse evitado si él hubiera gestionado”, señaló el regidor el 10 de febrero del 2020.

Ruiz dudó de la transparencia de la Municipalidad y ante la ausencia de Soler en el Concejo Municipal dirigió sus cuestionamientos al vicealcalde José Rafael Quesada, quien respondió “voy a guardar silencio”. 

El 17 de febrero el alcalde presentó las razones detrás de su actuar:

  1. No vetó el acuerdo del 2018 porque provenía del asesor legal del Concejo.
  2. Al contar con el respaldo del asesor legal del Concejo, no se visualizó la necesidad de informar al Concejo Municipal”. Además, aclara que por un error material del departamento de recursos humanos se realizó la cancelación de 2 sesiones ordinarias por semana en el mes de abril del año 2019, pero en diciembre 2018, enero y diciembre 2019 y enero 2020 no se pagó más de una sesión ordinaria por semana.
  3. Los criterios y conversaciones sobre el tema se dieron de forma verbal con el departamento de recursos humanos. 

Marcel Soler sostiene que no pudo vetar el acuerdo porque solamente cuenta con 5 días después de aprobado para vetarlo, pero al no contar con los criterios de la CGR o PGR para hacerlo se vio imposibilitado.

 

 

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